Corte de San Miguel descarta relación laboral de trabajador contratado a honorarios durante más de cuatro años por Municipalidad de Talagante

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Corte de San Miguel descarta relación laboral de trabajador contratado a honorarios durante más de cuatro años por Municipalidad de Talagante

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La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad interpuesto por un trabajador contra la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Talagante, que desestimó su demanda de reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales contra la Municipalidad de Talagante, al concluir que sus servicios se desarrollaron mediante contrataciones a honorarios para cometidos específicos, conforme al artículo 4 de la Ley N°18.883.

El demandante sostuvo que prestó servicios para el municipio entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2025, mediante sucesivos contratos a honorarios. Sin embargo, afirmó que desempeñaba funciones habituales y permanentes bajo subordinación y dependencia, cumpliendo una jornada completa y siguiendo instrucciones de sus superiores.

Según explicó, trabajaba en dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), de lunes a jueves entre las 08:30 y las 18:00 horas, y los viernes hasta las 14:30 horas. Añadió que la continuidad de sus labores, respaldada por las boletas de honorarios emitidas durante más de cuatro años, demostraba que su vínculo correspondía a una relación laboral regida por el Código del Trabajo.

El trabajador indicó que el 21 de marzo de 2025 fue informado de que su contrato no sería renovado, con término efectivo el 31 de ese mes. A su juicio, la municipalidad había utilizado indebidamente la contratación a honorarios para encubrir una relación laboral, pese a que sus funciones no eran accidentales ni correspondían a cometidos específicos.

Tras el rechazo de su demanda, interpuso un recurso de nulidad fundado principalmente en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, alegando una infracción de ley que habría influido sustancialmente en la decisión. En subsidio, invocó las causales previstas en las letras b) y c) del artículo 478 del mismo cuerpo legal.

Por su parte, la municipalidad solicitó rechazar el recurso, señalando que las contrataciones estuvieron vinculadas a distintos programas sociales de duración y objetivos determinados, aprobados mediante decretos alcaldicios. Agregó que los primeros meses de prestación de servicios contaron con financiamiento externo.

Al examinar el caso, la Corte recordó que el recurso de nulidad es de derecho estricto y que la causal de infracción de ley permite revisar la correcta aplicación de las normas jurídicas sobre los hechos establecidos en la sentencia, pero no modificar esos hechos ni efectuar una nueva valoración de la prueba.

En ese contexto, tuvo presente que el tribunal del trabajo acreditó que el demandante participó en diversos programas municipales, entre ellos, Fortalecimiento Laboral OMIL 2020, Plan 2021 para el adulto mayor, Ruta Agroturística, Encuesta Laboral Comunal 2023, Acercando los servicios municipales al desarrollo agrícola de la comuna y Diagnóstico del emprendimiento.

Asimismo, se estableció que cada contratación tenía una duración limitada, que el trabajador desempeñaba funciones administrativas y que el pago de sus honorarios dependía de la aprobación de informes mensuales sobre las labores realizadas.

Sobre esa base, la sentencia del juez del trabajo concluyó que los servicios correspondían a cometidos específicos autorizados por el artículo 4 de la Ley N°18.883 y que no se acreditaron los elementos de subordinación y dependencia necesarios para reconocer una relación laboral.

La Corte compartió ese razonamiento y precisó que la continuidad de las contrataciones entre octubre de 2020 y marzo de 2025 no era suficiente, por sí sola, para desnaturalizar el vínculo a honorarios, especialmente porque no se estableció que el demandante hubiera desempeñado una misma función permanente y genérica durante todo ese período.

Por el contrario, los antecedentes demostraban su participación sucesiva en programas municipales diferentes, cada uno con objetivos y períodos de ejecución determinados.

Respecto del principio de primacía de la realidad, el tribunal explicó que su aplicación requiere acreditar que las condiciones efectivas de prestación de servicios fueron distintas de las pactadas formalmente y que existió subordinación y dependencia. Sin embargo, señaló que tales circunstancias fueron descartadas por la sentencia recurrida.

En cuanto a la supuesta infracción del artículo 162 del Código del Trabajo, indicó que las consecuencias previstas en esa disposición requieren la existencia de una relación laboral, presupuesto que no fue acreditado en el proceso.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad y mantuvo la decisión del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Talagante, que desestimó íntegramente la demanda presentada contra la municipalidad.

Vea sentencia Corte de San Miguel Rol N°275 2026.

 

Fuente: Diario Constitucional

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