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Corte de Chillán descarta vulneración del principio de congruencia y mantiene condena por violación

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La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un hombre condenado a seis años de presidio por el delito consumado de violación de una adolescente mayor de catorce años, cometido en la comuna de San Carlos el 10 de junio de 2021. El tribunal descartó que la sentencia vulnerara el principio de congruencia al recalificar los hechos desde la hipótesis de violación mediante privación de sentido o incapacidad para oponerse a la de violación mediante fuerza. Asimismo, concluyó que la edad de la víctima podía considerarse para determinar la extensión concreta del daño causado, aunque la agravante por minoría de edad no estuviera vigente al momento del delito.

El condenado fue sentenciado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, que lo absolvió de otro hecho incluido en la acusación. La defensa recurrió de nulidad y planteó, como causal principal, que se había infringido el artículo 341 del Código Procesal Penal, que impide condenar por hechos o circunstancias ajenos a la acusación. En subsidio, alegó una errónea aplicación del derecho en la determinación de la pena.

Sobre la recalificación jurídica, la defensa sostuvo que el Ministerio Público había acusado por la hipótesis del artículo 361 N°2 del Código Penal, esto es, acceso carnal mediante privación de sentido o incapacidad de la víctima para oponerse. Por ello, afirmó que su estrategia probatoria y los contrainterrogatorios se dirigieron a demostrar que la adolescente permaneció consciente y orientada durante los hechos.

Sin embargo, después de recibida la prueba, el tribunal advirtió la posibilidad de recalificar los hechos conforme al artículo 361 N°1 del Código Penal, por estimar que el acceso carnal se había cometido mediante fuerza física. Para la defensa, esa modificación la sorprendió con una hipótesis distinta, respecto de la cual no pudo preparar prueba de descargo ni desarrollar una defensa material efectiva. Añadió que la acusación no había precisado cómo se habría ejercido la fuerza y que tampoco se explicaba qué pruebas permitían tenerla por acreditada.

El tribunal descartó este argumento. Recordó que el artículo 341 del Código Procesal Penal prohíbe condenar por hechos o circunstancias que no estén contenidos en la acusación, pero permite asignarles una calificación jurídica distinta si se advierte previamente a los intervinientes y se les permite debatir. La norma busca asegurar la correlación entre los hechos acusados y los establecidos en la sentencia, resguardando el derecho de defensa.

La Corte constató que el tribunal oral cumplió ese procedimiento, pues advirtió a las partes sobre la posible recalificación y abrió el debate correspondiente. Además, observó que la acusación ya describía que el imputado había utilizado fuerza para bajar los pantalones de la víctima y accederla carnalmente por vía vaginal. Por tanto, estimó que no se incorporaron hechos nuevos, sino que se modificó su calificación jurídica dentro del marco fáctico originalmente atribuido.

Añadió que la defensa tampoco acreditó un perjuicio concreto, pues no identificó qué pruebas adicionales habría presentado de haber conocido desde el inicio la calificación finalmente adoptada ni cómo estas podrían haber cambiado el resultado del juicio. Por el contrario, los alegatos de clausura demostraban que sí cuestionó el uso de fuerza, invocando la ausencia de lesiones corporales o genitales recientes constatada en el examen ginecológico practicado a la víctima.

La Corte también consideró que la modificación jurídica no vulneró el principio de congruencia, cuya finalidad es impedir que una persona sea condenada por hechos distintos de aquellos que pudo controvertir. En apoyo de este criterio, citó jurisprudencia de otros tribunales que distingue entre cambios en los hechos atribuidos —que pueden afectar la defensa— y modificaciones en su calificación jurídica, admisibles cuando se mantiene el marco fáctico de la acusación y se respeta el deber de advertencia.

Sobre la determinación de la pena, la defensa alegó que el tribunal incurrió en una contradicción al descartar la agravante de cometer el delito contra una víctima menor de dieciocho años, prevista en el artículo 12 N°22 del Código Penal, pero considerar igualmente que la adolescente tenía dieciséis años para fijar la pena en seis años de presidio, un año por sobre el mínimo legal.

Explicó que dicha agravante fue incorporada por la Ley N°21.483, vigente desde el 24 de agosto de 2022, es decir, con posterioridad a los hechos. Por ello, sostuvo que utilizar la edad de la víctima para aumentar la sanción mediante el artículo 69 del Código Penal implicaba aplicar indirectamente una norma penal desfavorable de manera retroactiva. Solicitó que se anulara únicamente la sentencia y se dictara una de reemplazo que impusiera el mínimo legal de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

La Corte también rechazó esta causal. Precisó que la modificación introducida al artículo 69 del Código Penal por la Ley N°21.483, que ordena considerar especialmente que la víctima sea menor de edad, no podía aplicarse al caso, pues entró en vigencia después de la comisión del delito. Sin embargo, explicó que la versión de esa disposición vigente en junio de 2021 ya facultaba a los tribunales para determinar la cuantía de la pena considerando la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

En ese sentido, distinguió entre la agravante del artículo 12 N°22, que modifica el marco penal por la sola condición de minoría de edad de la víctima, y la regla del artículo 69, que permite ponderar las consecuencias concretas del delito para fijar la pena dentro del grado correspondiente. Esta última, según la Corte, comprende tanto los resultados no incluidos expresamente en la descripción del delito como las repercusiones adicionales que puedan atribuirse objetivamente a la conducta.

Al revisar la sentencia, la Corte constató que la pena de seis años no se fundó exclusivamente en la edad de la adolescente, sino en un conjunto de circunstancias acreditadas durante el juicio. Entre ellas mencionó la forma de ejecución del delito, la gravedad de la afectación psicológica, el impacto emocional reflejado en los audios y videos enviados por la víctima después de los hechos, la persistencia del daño y la necesidad de atención psicológica especializada y tratamiento psiquiátrico.

También consideró la diferencia entre la condición de adulto del condenado, quien tenía veinte años al momento de los hechos, y la mayor vulnerabilidad de la adolescente, de dieciséis años. A ello sumó el quiebre de las relaciones familiares provocado por la denuncia, que generó un distanciamiento definitivo entre ambas ramas de la familia y privó a la víctima de una importante red de apoyo.

Para la Corte, la edad de la adolescente fue valorada como un elemento que permitía comprender la intensidad del daño concreto sufrido, atendida su etapa de desarrollo físico, emocional y afectivo, y no como una agravante autónoma. Por ello, estimó que no se aplicó retroactivamente la Ley N°21.483 ni se incurrió en una doble valoración prohibida, puesto que la agravante por minoría de edad había sido expresamente descartada y no se utilizó para modificar el marco penal.

Finalmente, consideró que la pena impuesta estaba suficientemente fundamentada y resultaba proporcional a las consecuencias acreditadas durante el juicio. Recordó que la determinación del grado de la pena y la fijación de su cuantía concreta son operaciones distintas: en este caso, el marco legal se estableció correctamente considerando la atenuante de irreprochable conducta anterior y el rechazo de las dos agravantes invocadas por el Ministerio Público.

En consecuencia, la Corte de Chillán desestimó ambas causales de nulidad y rechazó, sin costas, el recurso interpuesto por la defensa. De este modo, mantuvo vigente la condena de seis años de presidio y declaró que tanto la sentencia como el juicio oral no eran nulos.

 

Vea sentencia Corte de Chillán Rol N°750-2026 (Penal)

 

Fuente: Diario Constitucional

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