La Corte Suprema ratifica indemnización de $65.000.000 por daño moral a familiares de trabajador fallecido por virus hanta.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados contra la sentencia que determinó una indemnización de $65.000.000 por daño moral a la cónyuge e hijas de un trabajador que falleció tras contagiarse de virus hanta en 2012. La resolución, emitida por la Primera Sala del tribunal, confirma la responsabilidad de las empresas demandadas en un caso que pone de manifiesto la importancia de proteger los derechos de los trabajadores frente a riesgos laborales.

 Los jueces concluyeron que no existieron infracciones legales en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 7 de agosto de 2023, ratificando la obligación de indemnizar a las demandantes.

“Entrando en análisis del recurso de casación en el fondo de la demandada COMSA DE CHILE S.A., es posible advertir la existencia de defectos en su formulación que llevan a desestimarlo”, plantea el fallo. Además, subraya que las normas invocadas como supuestamente infringidas no fueron argumentadas adecuadamente, limitándose a la mera transcripción de considerandos de la sentencia inicial, sin abordar aspectos esenciales de la controversia.

La resolución también destaca que la acción ejercida tiene una naturaleza contractual y que, pese a estar dirigida contra varias empresas vinculadas a la obra, se generó un litisconsorcio pasivo al atribuirse una responsabilidad solidaria entre las partes demandadas. La aplicación del artículo 420 letra f) del Código del Trabajo, debido a su especialidad, y del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales respaldaron esta decisión.

“Por lo demás, las alegaciones sobre cúmulo de acción, su naturaleza y procedencia, constituyen una alegación nueva, no formulada en los escritos fundamentales de discusión, sin que las partes hayan tenido la oportunidad de debatir sobre ello en el curso de la causa. Se trata, entonces, de una materia ajena a este juicio”, releva el fallo, descartando que haya existido error de derecho por parte de los jueces de fondo.

En cuanto a la transacción de 2018 entre una de las partes, la Corte Suprema precisó que esta se consideró un antecedente relevante para fijar el monto de la indemnización, pero sin extender su efecto a terceros no firmantes. “El acuerdo fue utilizado como un hecho de relevancia jurídica para determinar la satisfacción resarcitoria, sin constituir infracción a las disposiciones legales invocadas”, afirmó.

El tribunal concluyó que los recursos de casación no abordaron correctamente las normas aplicables a la responsabilidad extracontractual, como los artículos 2316, 2317 y 2329 del Código Civil, y que carecieron de una argumentación jurídica pertinente. Asimismo, enfatizó que no se presentaron fundamentos suficientes para invalidar la resolución de fondo.

Relevancia del fallo

Este fallo de la Corte Suprema tiene un impacto significativo en la interpretación de la responsabilidad solidaria y contractual en el ámbito laboral, especialmente en situaciones donde se han vulnerado condiciones de seguridad básicas. Refuerza la obligación de las empresas de garantizar entornos laborales seguros y de responder por los daños causados a los trabajadores y sus familias en caso de negligencia.

Además, subraya la importancia de la debida formulación de los recursos judiciales, destacando que la casación es un recurso de derecho estricto que exige argumentos sólidos y precisos. La sentencia también establece un precedente sobre la utilización de acuerdos previos como antecedentes para determinar indemnizaciones, sin extender sus efectos más allá de las partes que los suscriben.

Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer las medidas preventivas en el ámbito laboral y asegura la reparación integral a las familias afectadas por negligencias graves, marcando un hito en la jurisprudencia chilena sobre seguridad laboral y derechos de las víctimas.

Vea sentencias Corte Suprema Rol Nº210.320-2023, Corte de Santiago N°6761-2020 y de primera C-7480-2016.

Fuente: Diario Oficial